Esta semana se han reunido, con el objetivo de analizar la vuelta a la normalidad tras el verano, las entidades del sector de la Dependencia representadas por las Federaciones de Residencias y Centros de Día de Mayores y el Movimiento Asociativo de la Discapacidad para analizar la situación existente en estos momentos a la vuelta de las vacaciones de verano.
En primer lugar se ha tratado el asunto de realizar las PCR a los trabajadores que o bien se incorporan tras disfrutar de vacaciones o se les contrata por primera vez, entendiendo que es una medida no para preservar la salud de los trabajadores sino para proteger de la COVID-19 a las personas dependientes que están en los centros, por lo que es competencia de Salud Pública la gestión integral de las mismas, incluido su coste.
En este punto las entidades reclaman que se necesita un protocolo ágil, sencillo y seguro que garantice que Salud Publica pueda realizar dichas pruebas con la celeridad necesaria para que no se cree un temido colapso en el procedimiento de entrada de los trabajadores, lo que sería un gravísimo perjuicio para las personas mayores y personas con discapacidad que habitan en las Residencias y Viviendas Tuteladas. En ese mismo protocolo debe de recoger si debe de haber una priorización de las pruebas entre los trabajadores en función de su exposición con los usuarios asi como la periodicidad de las pruebas PCR.
Se subraya que es importantísimo en la vuelta a la normalidad que estas pruebas estén en tiempo y forma pues se correrá el riesgo de colapso en los centros ante la falta de incorporación de los trabajadores por no tener los resultados a tiempo para su incorporación. Por otra parte, en la reunión se ha tratado la idoneidad de trasladar los PCR también a los Centros de día, llegando a la conclusión de que debe de ser Salud Publica quien determine si es conveniente o no.
Por último las entidades han acordado seguir reclamando el gasto extraordinario que esta suponiendo hacer frente a la Pandemia pues se necesita afrontar costes extraordinarios en rotación de personal, gastos de limpieza, EPIS…, que a su juicio deben de estar sufragados por las AAPP con los fondos extraordinarios destinados para ello.
A la reunión han asistido Carmelo Gómez y Francisco Marín por ARSALU, José Miguel Marín y Vital Garaulet por parte de Adermur, Sergio Guillén por LARES y Pedro Martínez por parte del CERMI RM.
